Participación del adulto mayor en la construcción de políticas sociales en el cantón Tisaleo
Participation of the older adults in the construction of social policies in the Tisaleo city
Resumen: El fortalecimiento de la democracia directa, implica una mejor participación de los ciudadanos en el gobierno central y local, la obligatoriedad en el desarrollo de mecanismos de participación establecidos en la Constitución de la República y demás normativa infra constitucional, se contrasta con la praxis en la creación de políticas sociales. El objetivo de la investigación se centró, en analizar la participación ciudadana para la construcción de políticas sociales destinadas a los adultos mayores. Si bien en los últimos años los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD´s) como la Municipalidad de Tisaleo, han acoplado su normativa para garantizar la participación de la ciudadanía en la gestión pública, es necesario mejorar su involucramiento, pues, no existe el conocimiento pleno del derecho que les asiste, lo cual supone exclusión social, que crea una brecha en su ejercicio, acentuada en los grupos de atención prioritaria. La metodología empleada fue de enfoque mixto, aplicando un cuestionario semiestructurado a 50 adultos mayores del programa del adulto mayor (Mies) seleccionados aleatoriamente. Con respecto a la participación de los adultos mayores en la toma de decisiones el 38% señala que, a veces se los ha convocado, coincidente con esto el 32% respecto a la planeación y desarrollo de planes, programas y proyectos. El 72% manifiesta desconocer sobre los programas y acciones, llevados a efecto por los municipios. El 74% afirma no haber sido invitados a tomar parte del denominado presupuesto participativo. Finalmente, el 76% asegura que no tuvieron algún tipo de participación en las etapas de construcción de políticas sociales.
Palabras Clave: adultos mayores, participación ciudadana, políticas públicas, políticas sociales.
Abstract: The strengthening of direct democracy, implies a better participation of citizens in the central and local government, the obligatory nature in the development of participation mechanisms established in the Constitution of the Republic and other infra-constitutional regulations, is contrasted with the praxis in the creation of social policies. The objective of the research was focused on analyzing citizen participation for the construction of social policies for the elderly. Although in recent years the Autonomous Governments such as the Municipality of Tisaleo, have coupled their regulations to guarantee the participation of citizens in public management, it is necessary to improve their involvement, since there is no full knowledge of the right that assists them, which implies social exclusion, which creates a gap in its exercise, accentuated in priority attention groups. The methodology used was a mixed approach, applying a structured questionnaire to 50 randomly selected older adults from the older adult program (MIES). Regarding the participation of the elderly in decision-making, 38% indicate that they have sometimes been summoned, coinciding with this, 32% regarding the planning and development of plans, programs and projects. 72% state that they are unaware of the programs and actions carried out by the municipalities. 74% affirm that they have not been invited to take part in the so-called participatory budget. Finally, 76% assure that they did not have some type of participation in the stages of construction of social policies.
Keywords: citizen participation, older adults, public policies, social policies.
La participación ciudadana en Ecuador, encuentra sus orígenes en las acciones de carácter colaborativa manifiestas en las organizaciones indígenas y campesinas, que tuvieron lugar a mediados del siglo XX, conocidas como capital social comunitario. Para el siglo XXI, la participación ciudadana experimenta un segundo momento en su institucionalización, etapa denomina como expansión, en la que, se introdujeron innovaciones constitucionales, como cambios en las funciones del Estado y en los gobiernos tanto, central como descentralizados. En el año 2017, la participación ciudadana ingresa a su última etapa de institucionalización llamada desgaste, en la cual, su alcance se muestra amenazado por la corrupción y los desmantelamientos públicos, que dieron como consecuencia la reducción de atribuciones y alcances de la función de Transparencia y Control Social (Dávila, 2020).
En este orden de ideas, las políticas sociales en general y en particular en favor de los grupos de atención prioritaria, constituye un tema de mucha importancia, el cual ha sido abordado en estudios a nivel nacional e internacional; de ahí que, el objetivo de la presente investigación se centre en, analizar la participación ciudadana en la construcción de políticas sociales en favor del adulto mayor en el cantón Tisaleo, provincia de Tungurahua, grupo etario que debido a su condición requiere de atención prioritaria en todos los ámbitos público o privado, y; en las distintas esferas que aquellas involucran como seguridad social, salud, vivienda.
Este tipo de políticas han sido entendidas como instrumentos estatales elaborados con la participación activa de diferentes actores de la sociedad; que en democracia constituye piedra angular para su efectividad y permanencia; correspondiendo a los GAD´s desarrollar mecanismos de participación, si desean crear un vínculo real con los ciudadanos a fin de que las acciones adoptadas perduren en el tiempo, lo cual en la praxis no ocurre; no obstante, que entre las actividades que la comunidad espera de los gobiernos locales se encuentren, mejorar las condiciones de vida de la población, en especial de las personas vulnerables, disminuir la desigualdad, transformar los espacios públicos, entre otros (Le-Feuvre, 2020).
Una política pública, es conceptualizada como un proceso de decisión llevado a efecto por la administración pública, su objetivo se centra en dar respuesta a los requerimientos de la colectividad; decisiones que se caracterizan por su eficacia y eficiencia; a través de acuerdos institucionales y alianzas con la ciudadanía. Doctrinariamente, una política pública es concebida como aquella decisión o estrategia que una autoridad legítima adopta, para resolver diversos problemas de naturaleza pública y compleja; directrices que reflejan la prioridad y voluntad del Estado para modificar situaciones conflictivas; adquiriendo el atributo de instrumentos garantistas de derechos humanos y ambientales (SENPLADES, 2011).
Ecuador, como Estado Constitucional de Derechos y Justicia, tiene como deber fundamental garantizar los derechos de los ciudadanos, deber que se encuentra consagrado en el texto constitucional otorgándole el carácter de normativo y social, de ahí que, las políticas públicas adquieren significativa relevancia cuando refieren a la protección de los derechos de los grupos de atención prioritaria en especial de las y los adultos mayores, de acuerdo con la Constitución de la República.
Lo que antecede, guarda relación inmediata con el artículo 38 de la misma Constitución, el cual establece, un sistema de garantías cuyos beneficiarios constituyen las personas adultas mayores, lo cual, se fundamenta en que la construcción e implementación de programas y políticas, centren su interés en la atención prioritaria y especializada para este grupo de la población; de la misma manera respecto de sus derechos que se encuentran contenidos en la misma norma y refieren a su autonomía y recreación, en concordancia con los demás derechos contenidos en la artículo 37, entre los que se ejemplifican el derecho a la salud, trabajo remunerado, jubilación, vida digna.
En términos de clasificación de las políticas públicas y del ámbito de acción, es posible identificar que, cuando una política se refiere concretamente a la gestión pública, esta es llamada acertadamente “política pública”, y; cuando alude al espacio, actores y los objetivos que busca, es denomina por si “política social” (Espinoza, 2019).
En tal sentido, las políticas sociales de acuerdo con la opinión de los estudiosos de las ciencias sociales, han sido pensadas como instrumentos o herramientas cuyo objeto constituye la mitigación de desigualdades, tan comunes y presentes en la colectividad, en especial aquellas relacionadas a conflictos sociales, cuya génesis se circunscribe a las diferencias económicas y culturales, tan marcadas y frecuentes a nivel local, nacional e internacional.
Desde la perspectiva de la inclusión de adultos mayores, las políticas sociales constituyen componentes esenciales para el afianzamiento de la calidad de vida, lo cual, significa trabajo aunado de los distintos organismos públicos, garantizando por un lado el acceso oportuno a los diferentes servicios, y; por otro atención prioritaria y protección especial, tal como lo puntualiza el artículo 35 de la Constitución (Villacres, 2019).
Para la construcción de políticas sociales, es necesario que todos los organismos, actores y sectores coadyuven desde su ámbito de acción; además, de mecanismos esenciales que articulados correctamente posibiliten su concreción. Aquellos mecanismos esenciales refieren a la coherencia y coordinación; sin embargo, la praxis señala que se incurre en error al suponer que los mismos se encuentren al cien por ciento en las políticas y programas públicos y sociales; de ahí que, tanto la coherencia como la coordinación varían de caso en caso y de un país a otro (Cecchini, 2021).
Coincidente con el criterio anterior, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (2019), establece en su artículo 27 literal d) que, los Estados partes en todos los niveles de gobierno, garantizarán en los procesos de toma de decisiones, la inclusión de opiniones y aportes del adulto mayor, crearán y fortalecerán mecanismos de participación ciudadana. Consideraciones estas, cuyo objetivo se circunscribe en primer lugar al goce efectivo del derecho de participación dentro de la gestión pública; en segundo a lograr la generación de políticas eficaces y eficientes que permitan la aceptación del trabajo de la administración.
De la experiencia propia del Estado ecuatoriano, al igual que otros países de América Latina, es posible advertir, que cuando se trata de dar respuesta a problemas que demandan soluciones efectivas, mediante políticas sociales, estas, frecuentemente, resultan contrarias a los criterios que rigen a la buena administración pública; establecidos en el artículo 227 de la Constitución de la República, que refieren a: eficacia, eficiencia, calidad, participación, planificación, transparencia y evaluación. Lo antes dicho, encuentra su fundamento en la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la gestión de la administración; para poner de manifiesto aquello; si bien, la propia Constitución prevé la denominada silla vacía como mecanismo de participación, aquella es poco frecuente en los debates y en la toma de decisiones de la administración sobre asuntos puntuales de la comunidad.
Desde otra perspectiva, el factor desarrollo ha constituido un componente importante en la vida del país y ha marcado el cambio social, el cual obliga a que toda la actividad estatal sea efectuada de forma estratégica y planificada, situando al Estado, como ente rector en la organización de las políticas sociales, ejerciendo la denominada coordinación vinculante estratégica entre los diferentes actores, participantes en el proceso de formulación, ejecución y evaluación (Lachner, 1997, citado en Garcés, 2018).
Coherente con lo anterior, de acuerdo con el artículo 27 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el caso concreto señala, “la persona mayor tiene derecho a la participación en la vida política y pública en igualdad de condiciones con los demás y a no ser discriminados por motivo de edad” (Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, 2019).
En este orden de ideas, el ciudadano cualquiera que sea su condición, ha pasado a ocupar un lugar privilegiado dentro de las políticas sociales en el ámbito nacional; ya no como mero espectador frente a la actividad del Estado. Consecuente con esta postura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018), en el documento Políticas públicas con enfoque de derechos humanos, al remitirse al principio de igualdad y no discriminación en cuanto a políticas públicas señala que, la referida igualdad demanda de una activa participación de personas, grupos y poblaciones que históricamente han experimentado situaciones de discriminación en el diseño de políticas públicas, en el caso de estudio relativas a las personas adultas mayores. En cuanto al ciclo de formulación de políticas públicas y sociales, el derecho de participación permite incorporar experiencias y perspectivas de las personas o grupos titulares de los derechos que se salvaguardarán con su implementación.
El derecho de participación en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, se encuentra garantizada en el artículo 85 de la Constitución de la República; artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana; de forma concordante en el texto del artículo 3 literal e) de la Ley Orgánica de las Personas Adultas mayores, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), y; la Ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y Control Social del Cantón Tisaleo; las personas u organizaciones participarán dentro de los órganos estatales con potestad nacional o central y en aquellos con competencias seccionales o locales, lo cual significa que lo harán con voz y voto desde la etapa de identificación del problema hasta la ejecución y posterior evaluación de las políticas sociales implementadas.
Una política social, generalmente es determinada como un instrumento gubernamental, formulado con el propósito de responder a las distintas necesidades y problemas de la colectividad, en el caso de estudio, enfocadas en los grupos de atención prioritaria, reconocidos en la Constitución de la República en su artículo 35. En este orden, las políticas sociales adoptadas por un Estado una vez cumplido su proceso de formación similar al de la ley, constituyen herramientas de naturaleza jurídico y por tanto de obligatoria observancia; sustancialmente al estar vinculadas a cinco asuntos importantes que el bienestar social comprende, como son: seguridad social, salud, vivienda, educación, empleo (Aguilera, 2020).
A nivel internacional y para los países parte del denominado plan de Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento de 1982, se contemplan políticas sociales con doble sentido; brindar garantía en los ámbitos económicos y sociales para las personas adultas mayores, y; generar oportunidades para que estas personas contribuyan al desarrollo de sus países; bajo la premisa de que la formulación, expedición, ejecución y evaluación de estas políticas constituyen un derecho soberano; pero también, una responsabilidad de cada Estado (Pamo, 2018).
No obstante, estas consideraciones positivas, respecto de las políticas sociales, garantías para el adulto mayor y su contribución al desarrollo, en el contexto nacional y local, la población adulta mayor no es tomada en cuenta para la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas y presupuesto participativo este último entendido como, un proceso a través del cual la ciudadanía participa de forma voluntaria en la toma de decisiones. De lo que antecede, corresponde al Estado ejercer el rol de ente garantista de estos espacios, al igual que deben serlo la sociedad en general y los adultos mayores en particular, en la búsqueda de que estos mecanismos de participación se desarrollen en un ambiente democrático (Nicolás Reyes, 2019, citando en Salas, 2022).
II. Materiales y Métodos
La investigación fue de carácter mixto; sobre el mismo objeto de estudio se consideró tanto el enfoque cualitativo para delimitar y entender la participación del adulto mayor en la construcción de políticas sociales, identificando sus características, para ello se partió del análisis de documentos legales, doctrina y principios; cuanto cualitativo para desarrollar la parte estadística de la investigación, el cual, permitió la comprensión y representación de la información, datos que fueron recopilados y analizados mediante una matriz de datos, para establecer patrones de comportamiento.
En efecto, se aplicó un cuestionario estructurado con preguntas relativas a las condiciones de vida del adulto mayor y la percepción sobre la construcción de políticas sociales en su beneficio; si bien, se considera adulto mayor a aquella persona que ha cumplido sesenta y cinco años, las personas encuestadas tenían una edad superior, además de que presentaban problemas de salud, educación, entre otros, hechos que limitaron dar respuesta de forma autónoma al cuestionario, siendo necesaria la intervención imparcial de la parte investigadora debido a estas dificultades del grupo etario.
De tipología Descriptiva, puesto que, en su desarrollo la investigación buscó describir los hechos tal como son observados, a través de la descripción de cada una de las variables, esto es, participación del adulto mayor y políticas sociales; partiendo de sus definiciones y marco normativo. Correlacional, al establecer relaciones y grados de influencia entre las variables de estudio, participación ciudadana y políticas sociales (Zenteno et al., 2015).
Como técnica de investigación se contó con la encuesta, desarrollando un cuestionario estructurado de preguntas, aplicadas a un grupo de 50 adultos mayores de 120 que formaban parte del programa “Mis mejores años”, impulsado por el GAD de Tisaleo, quienes fueron seleccionados de forma aleatoria constituyendo una muestra representativa; con el objetivo de medir la percepción que tiene el adulto mayor respecto de la construcción de políticas sociales en su beneficio; la edad de los encuestados fluctuó entre los 65 años o superior; en ciertos casos con problemas de salud, educación, entre otros; hechos que limitaron dar respuesta de forma autónoma al cuestionario, siendo necesaria la intervención imparcial de la parte investigadora para la recolección de información (Paz G. B., 2017).
III. Resultados y Discusión
Figura 1
Toma de decisiones por parte de las autoridades
De acuerdo con la Figura 1, el 38% que corresponde a 19 adultos mayores manifestaron que, a veces han participado en la toma de decisiones respecto de los programas implementados por los GAD´s; a su entender las autoridades municipales no priorizan sus necesidades; lo cual explicaría por qué este grupo de la población en un alto porcentaje no participan de aquellos programas ejecutados en su beneficio. En Ecuador la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones es insuficiente, de ahí que, en las diferentes actividades planificadas por los GAD´s sea de manifiesta la falta de comunicación hacia los distintos actores sociales, produciendo ineficacia en la gestión administrativa, por tanto, disconformidad en la población (Ramírez, 2019). De acuerdo con la Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional, los adultos mayores perciben exclusión en la sociedad, indican no haber sido incluidos para la toma de decisiones; su participación sólo representa un requisito para que Estado avance en sus políticas (Concejo Nacional para Igualdad Intergeneracional, 2017-2021).
Figura 2
Planes, programas y proyectos para el adulto mayor
Conforme con la Figura 2, el 32% que corresponde a 16 adultos mayores señalaron que, a veces fueron sido convocados para la planeación y desarrollo de planes, programas y proyectos en su beneficio; de ahí que, la falta de participación sea manifiesta. Las autoridades públicas de los distintos niveles de gobierno no generan los espacios necesarios para que la ciudadanía participe activamente en temas de políticas públicas y sociales, limitando el ejercicio de los derechos de participación, en particular de las personas adultas mayores (Cedeño et al., 2022). En Ecuador existe falta de información y conocimiento respecto los derechos del adulto mayor y su derecho de participación; en las comunidades no se generan espacios de participación en los que sean invitados a compartir (Concejo Nacional para Igualdad Intergeneracional, 2017-2021).
Figura 3
Acciones del municipio
Acorde con la Figura 3, el 72% que corresponde a 36 adultos mayores indicaron desconocer de los programas y acciones, llevados a efecto por el Municipio, desconocimiento que obedece a la deficiente de difusión y asequibilidad de la actividad municipal. La deficiencia de proyectos sociales, para los adultos mayores, provoca que estas personas se encuentren en situaciones sociales y económicas difíciles; las acciones desarrolladas por las entidades gubernamentales no responden a sus necesidades (Mite, 2022). La participación del adulto mayor en la actividad de la administración no ha sido reconocida plenamente, los funcionarios de los órganos públicos no recogen apropiadamente sus propuestas y opiniones, de ahí que, las intervenciones estatales no reflejan sus verdaderas necesidades (Blouin et al., 2018).
Figura 4
Presupuesto participativo
De acuerdo con la Figura 4, el 74% que corresponde a 37 adultos mayores indicaron, de forma categórica no haber sido invitados a tomar parte del denominado presupuesto participativo; reforzando la noción de la deficiente de difusión de planes de acción gubernamental. De acuerdo con los estudios realizados sobre participación ciudadana, la población adulta mayor denota desconocimiento sobre temas de acción ciudadana; sin embargo, quienes han ejercido funciones como representantes barriales de alguna manera han sido invitados a las llamadas asambleas populares (Toala et al., 2020). En el entorno más cercano, esto es, el barrio la población adulta mayor no presenta un nivel de participación considerable, incluso entre aquellas personas a filiadas o miembros de algún comité barrial; en estos ámbitos es posible elaborar tejidos sociales a fin de lograr una incidencia política preponderante e influencia en la toma de decisiones (Salas, 2022).
Figura 5
Elaboración de políticas
Conforme con la Figura 5, el 76% que corresponde a 38 adultos mayores aseguraron claramente que, no tuvieron ningún tipo de participación en las etapas de elaboración de políticas sociales. Las políticas públicas y sociales dirigidas a los grupos de atención prioritaria, deben procurar el cumplimiento de sus derechos en la dimensión social, económica, cultural y de participación, en cuanto a seres humanos insertos en la comunidad política (Bórquez, 2018). De acuerdo con los documentos revisados por Tortosa et al. (2014), únicamente el 14,3% refiere a que las políticas sociales dirigidas a las personas mayores son satisfactorias, en el caso de Ecuador se vislumbra una mejoría en las condiciones de vida de las personas mayores, pues, se ha logrado desarrollar políticas integrales (Muñoz, 2020).
IV. Conclusiones
Las políticas sociales para cumplir con sus objetivos, deben contar con la participación de diferentes actores sociales, de lo contrario, se corre el riesgo de que estas políticas carezcan de eficiencia al afectar la percepción que la ciudadanía tiene sobre la gestión del gobierno concordante con el criterio de los encuestados en el 72%.
La falta de involucramiento de los adultos mayores en la creación de las políticas públicas y sociales incide en la percepción negativa de estas personas, respecto de la atención del gobierno local a sus necesidades, lo cual se consolida con las afirmaciones del 38% y 32% de encuestados en cuanto a haber participado en la toma de decisiones y en el desarrollo de planes, programas y proyectos.
El Ecuador, con un modelo constitucional de Derechos y Justicia, se ha dado paso a la democracia participativa, por la cual el ciudadano debe involucrarse en la gestión gubernamental. No obstante, la realidad nacional y local es contradictoria, pues, los sectores rurales y población vulnerable como son los adultos mayores, son invisibilizados, criterios que encuentran fundamento en las afirmaciones de los encuestados con cifras del 74% y 76% respecto de la participación en el presupuesto participativo y en las etapas de construcción de políticas sociales.
El ejercicio del derecho a la participación del adulto mayor en la construcción de políticas sociales y en la toma de decisiones es desconocido, disminuido en su importancia, además, poco analizado. Sin embargo, el mismo forma parte del derecho positivo en la norma fundamental y convenios internacionales, incumpliendo el objeto de su formulación; la construcción de políticas sociales sólidas, mejorando la percepción de este sector ciudadano sobre las actuaciones del gobierno local.
V. Referencias Bibliográficas
Aguilera, L. A. (2020). Atención focalizada, desde la política social, a los adultos mayores institucionalizados del municipio Placetas. Novedades en Población, 16(31), 173-186.
Bórquez, L. M. (2018). Calidad del empleo de los adultos mayores en Chile, un factor de envejecimiento activo. Papeles de Población CIEAP/UAEM, (95), 43-67. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22185/24487147.2018.95.03
Cecchini, R. H. (2021). Caja de herramientas. Gestión e institucionalidad de las políticas sociales para la igualdad en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. CEPAL. https://www.researchgate.net/publication/356392178_Gestion_e_institucionalidad_de_las_politicas_sociales_para_la_igualdad_en_America_Latina_y_el_Caribe_Caja_de_herramientas
Cedeño, J. L. (2022, marzo). La participación ciudadana y la toma de decisiones en el gobierno autónomo descentralizado del cantón Chone provincia de Manabí año 2019. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López. https://repositorio.espam.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/42000/1724/TIC_AP02D.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PoliticasPublicasDDHH.pdf
Concejo Nacional para Igualdad Intergeneracional. (2017-2021). Agenda nacional para la igualdad intergeneracional. https://www.igualdad.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/anii2017_2021_1_2_2018.pdf?fbclid=IwAR193E7wsTYXSR_hhJinfBD6QA-SLQ51HEzm_GNqHfKfa-_ocmRdn1ntHzg
Constitución de la República. (2008, 20 de Octubre). Asamblea Constituyente . Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf
Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. (2019, 12 de Febrero). Registro Oficial 426 de 12-feb-2019. Registro Oficial 426 de 12-feb-2019: https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2021-01/Documento_659-Ratif%C3%ADquese-todas-sus-partes%20Convenci%C3%B3n%20Interamericana-Derechos-proteccion-personas-adultas-mayores.pdf
Dávila, V. H. (2020). Ascenso y desgaste de la participación ciudadana en Ecuador. Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública, 6(2), 111-137. https://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales/article/view/4215/3516
Espinoza, M. I. (2019). Políticas sociales y participación en México. El caso del programa Comedores Comunitarios. Miguel Ángel Porrúa, librero-editor. https://doi.org/https://doi.org/10.29043/CESMECA.rep.963
Garcés, M. J. (2018). La política social en Ecuador: retos y desafíos para el desarrollo local del cantón Manta. Dominio de las Ciencias, 4(2), 34-62. https://doi.org/https://doi.org/10.23857/dc.v4i2.777
Blouin, C., Tirado, E., & Mamani, F. (2018). La situación de la población adulta mayor en el Perú: Camino a una nueva política. Pontificia Universidad Católica del Perú Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/133591/publicacion-virtual-pam.pdf?sequence=1
Le-Feuvre, M. L. (2020). Desarrollo social y participación comunitaria en la gestión municipal (págs. 73-86). Gráfica Funny S.A. http://estudios.umc.cl/wp-content/uploads/2020/09/Desarrollo-Social-y-Participaci%C3%B3n-Comunitaria-en-la-Gesti%C3%B3n-Municipal.pdf#page=74
Mite, J. P. (2022). Los proyectos sociales para adultos mayores en el Gad provincial de Santa Elena, año 2021 [Tesis de maestría, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. https://repositorio.upse.edu.ec/xmlui/bitstream/handle/46000/6914/UPSE-MAP-2022-0005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Muñoz, N. M. (2020, 20 de Agosto). Revisión Sistemática de políticas sociales orientadas a Personas Mayores. [Universidad Católica de la Santísima Concepción]. http://repositoriodigital.ucsc.cl/bitstream/handle/25022009/2107/%28Miranda%2C%20Valenzuela%2C%20Vilches%29%20Revisi%C3%B3n%20Sistem%C3%A1tica%20de%20Pol%C3%ADticas%20Sociales%20orientadas%20a%20personas%20mayores..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Pamo, S. A. (2018). medios de inclusión social y su influencia en la calidad de vida de los adultos mayores del distrito de Chiguata, Arequipa – 2017. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
Paz, G. B. (2017). Metodología de la Investigación. Grupo Editorial Patria, S.A. de C.V. http://www.biblioteca.cij.gob.mx/Archivos/Materiales_de_consulta/Drogas_de_Abuso/Articulos/metodologia%20de%20la%20investigacion.pdf
Ramírez, F. A. (2019). La participación ciudadana y la toma de decisiones en el gobierno autónomo descentraizado municipalidad de Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2018 [Tesis de grado, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. https://repositorio.upse.edu.ec/xmlui/handle/46000/4889
Salas, D. V. (2022, 07 de Febrero). El derecho humano a la participación de las personas adultas mayores en el ciclo de las políticas públicas a través del Consejo Consultivo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, período 2014-2021 [Tesis de maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8832/1/T3872-MDH-Bosquez-El%20derecho.pdf
SENPLADES. (2011). Quito, Pichincha, Ecuador: Imprenta Mariscal. https://issuu.com/publisenplades/docs/guia_fpps_pantalla
Zenteno, B. & Osorio, A. (2015). Elementos para el diseño de investigaciones jurídicas Una perspectiva multidimensional. El Errante Editor. http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/work/sites/fdcs/resources/PDFContent/1379/Libro%20DIG%20-%20Elementos%20para%20el%20dise%C3%B1o%20de%20investigaciones%20jur%C3%ADdicas.pdf
Villacres, C. d. (2019). Políticas públicas y seguridad social del trabajador en Ecuador: aproximación a un análisis. Revista Mapa, 3(15), 84-102. https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-5305-7663
